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Las invasiones a los territorios indígenas y la criminalización de las y los defensores del bosque sigue siendo una amenaza constante.
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Se logra justicia en dos juicios por crímenes contra líderes indígenas en Costa Rica y Perú, marcando un precedente contra la impunidad.
Este mes se logró justicia para dos casos de violencia contra defensores indígenas de América Latina: el asesinato de Jehry Rivera del pueblo Bröran en Térraba, Costa Rica; y el asesinato de cuatro dirigentes Ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Perú.
CASO TÉRRABA
El pueblo Térraba, ubicado en la zona sur de Costa Rica. Las invasiones del territorio que iniciaron la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís en el año 2013.
Jehry Rivera era parte de la resistencia indígena que lideraba un proceso de recuperación de tierras cuando fue asesinado de cinco disparos por la espalda en un enfrentamiento el 24 de febrero del 2020.
Jerry Rivera, líder indígena Terrabá, asesinado en medio de un proceso de recuperación de territorios ancestrales.
Elides Rivera, su tía, activista del pueblo Bröran de Térraba, luchó porque su caso tuviera justicia desde entonces. Este 1 de febrero el maderero culpable del asesinato fue condenado por homicidio calificado, portación ilegal de arma y amenazas agravadas.
Para Elides aunque el juicio “significa un avance, porque demuestra que los territorios son nuestros (del pueblo Bröran) y cómo los usurpadores e invasores se han apoderado de nuestros territorios de forma violenta”; actualmente en el territorio continúa viviendo un ambiente tenso “no podemos decir que estamos sin riego, siempre estamos bajo riesgo, ellos siempre con mensajes llamando al odio, a la violencia a la xenofobia. Es el ambiente que siempre hemos vivido”. (fuente Semanario Universidad)
Así mismo reconoce que el proceso de cambio hacia una justicia efectiva “no es automático, seguiremos denunciando la impunidad que todavía reina en el caso de Sergio Rojas Ortiz” activista Bribri del territorio de Salitre y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) que fue asesinado de quince balazos en su casa en el año 2019.
“En todos nuestros informes, el promedio de asesinatos de personas indígenas es un tercio del total de asesinatos de defensores ambientales a nivel global, pero esa relación es tremendamente abrumadora porque solamente el 4 % de la población mundial corresponde a los pueblos indígenas”
Marina Comandulli, Oficial de Campañas de Global Witness
CASO SAWETO
Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisma y Francisco Pinedo fueron los cuatro defensores indígenas Ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, asesinados en septiembre del año 2014 a manos de taladores ilegales.
Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisma y Francisco Pinedo defensores indígenas Ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, asesinados por taladores ilegales.
Mientras luchaban por el proceso de justicia, según el reportaje de Mongaby sobre el caso, las familias de los defensores, fueron víctimas de fuertes amenazas mientras el bosque por el cual luchan (reconocido y titulado por 78,129 hectáreas) volvió a ser invadido por madereros ilegales y grupos crecientes de cocaleros. Incluso, el temor obligó a que muchos pobladores Ashéninkas de ese sector —cercano a la frontera con Brasil— se desplazaran para vivir dispersos en la Amazonía.
De acuerdo con el último informe de la Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre (Gerffs) del Gobierno Regional de Ucayali (región donde se encuentra la comunidad Tamaya-Saweto) este departamento registró 31,543 hectáreas de pérdida de cobertura boscosa durante el 2021, por causa de las actividades ilegales. El aumento en el despale, empezó en el 2008, año en que Edwin Chota, uno de los líderes indígenas asesinados, presentó su primera denuncia frente a la tala indiscriminada en su comunidad.
En el plano local y específicamente para Saweto y las familias de las 4 víctimas se logró justicia. Es aún una tarea pendiente que esta justicia se logre no solo sancionando a autores materiales o intelectuales de crímenes a defensores indígenas ambientales sino también se dirijan los esfuerzos en desarticular el sistema de criminalidad imperante a nivel Global. Como mencionaba una de las recomendaciones de la OIT respecto a la reclamación de Saweto. Exigía al Estado peruano tomar medidas efectivas frente al mecanismo de habilitación de tala ilegal.
Margoth Quispe, Abogada que defendió a los indígenas Saweto
LLAMADO A LA JUSTICIA
Aunque los procesos de investigación y defensa son lentos y quedan aún muchos casos impunes en la región; celebramos que estas dos condenas sienten un precedente ante la impunidad.
Desde la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) celebramos la fuerza y el compromiso de los defensores históricos de la tierra y demandamos que la justicia sea por fin una realidad y que los gobiernos y mecanismos de justicia internacional tomen acciones concretas y de fondo para frenar los procesos de extractivismo que amenazan la diversidad biológica y cultural del planeta.
