Grupo de Trabajo Mercado de Carbono Forestal de AMPB

Los mercados de carbono están experimentando un crecimiento significativo como parte de la lucha contra el cambio climático, respaldados por el Acuerdo de París y la reciente aprobación del artículo 6(i) en la COP26 de Glasgow. Sin embargo, este crecimiento presenta desafíos en términos de equidad y justicia, especialmente en la región mesoamericana, donde la penetración de estos mercados en los bosques tropicales ha generado competencia y riesgos en la comercialización de bonos de carbono, particularmente en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales.

La AMPB ha desempeñado un papel activo en la defensa de los derechos de estos grupos en los mercados de carbono, abogando por salvaguardas efectivas y consultas significativas en los procesos relacionados con REDD+. Su compromiso con la inclusión de los Pueblos Indígenas y comunidades locales en los procesos de toma de decisiones ha llevado a un diálogo continuo con diversas entidades, incluidas las certificadoras de créditos de carbono, para garantizar la participación plena y los derechos de aquellos afectados por las iniciativas de REDD+.

¿Cómo surge el Grupo de Trabajo Mercado de Carbono Forestal de AMPB?

En abril de 2023, se estableció el “Grupo de Trabajo de Carbono Forestal de la AMPB” con el objetivo de reflexionar y desarrollar una visión colectiva sobre las iniciativas de mercado de carbono en la región mesoamericana. Este grupo, compuesto por líderes y lideresas territoriales con experiencia en REDD+ y temas relacionados, se formó durante el “Encuentro Regional” celebrado en marzo de 2023 en San José, Costa Rica.

Tras identificar barreras para la integridad de los créditos de carbono y profundizar en el programa LEAF, el grupo definió los ejes estratégicos y líneas de acción de la AMPB en los mercados de carbono. El grupo funciona como un espacio clave para el análisis exhaustivo del alcance de estas iniciativas, con el objetivo de asegurar los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales en los mercados voluntarios y jurisdiccionales del carbono, contribuyendo así a prácticas más éticas y equitativas para la sostenibilidad ambiental.

Guía de Principios para Mercados de Carbono en Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL)

Es una herramienta diseñada para fomentar el diálogo justo y transparente entre gobiernos, actores internacionales y las comunidades que gestionan los bosques de Mesoamérica. Basada en el cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales, la guía busca garantizar que los proyectos de carbono respeten los derechos de las comunidades locales, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones y asegurando una distribución equitativa de los beneficios derivados de estos proyectos.
Sin embargo, es importante reconocer que los mecanismos y herramientas propuestos por ART TREES para certificar estos créditos no son suficientes para garantizar nuestros derechos en el mercado de carbono. Es fundamental seguir trabajando en el desarrollo de mecanismos más robustos y transparentes que protejan nuestros derechos y satisfagan las expectativas tanto de los países como de las comunidades involucradas.

Propuesta de capa adicional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales dentro del estándar de ART TREES.

Desde 2020 en adelante, algunas empresas han comenzado a comprar carbono directamente a los países, pero la falta de control en algunos casos y la necesidad de sustituir las funciones que deberían haber sido realizadas por ENAREDD+ en términos de salvaguardas han llevado a la aparición de lo que ahora se conoce como “Certificación de créditos de Carbono de Alta Integridad”, en la cual iniciativas como la Coalición LEAF están desempeñando un papel importante.

Sin embargo, es importante reconocer que los mecanismos y herramientas propuestos por ART TREES para certificar estos créditos no son suficientes para garantizar nuestros derechos en el mercado de carbono. Es fundamental seguir trabajando en el desarrollo de mecanismos más robustos y transparentes que protejan nuestros derechos y satisfagan las expectativas tanto de los países como de las comunidades involucradas.